Después de años de insistencia en la aplicación de políticas de austeridad por parte de las máximas instancias económicas, el FMI nos sorprende esta semana con un cambio de discurso y una clara apelación a que las principales economías mundiales y en particular Europa introduzcan incentivos a la inversión.Tras comprobar el escaso éxito de la política de estímulo monetario, a todas luces insuficiente para garantizar un crecimiento sólido de la economía -basta echar un vistazo a indicadores como el Baltic Dry Index- , la actual apuesta de las instituciones como el FMI, la OCDE o el BCE pasa por recomendar a economías como la alemana, el incremento del gasto público en infraestructuras, capaces de mejorar la productividad y de generar innovación.
La solución propuesta no es otra que la de invertir, con el objeto de incrementar el crecimiento a corto y medio plazo, que arrastre también al sector privado, a la vez que se traduzca en mejoras para los trabajadores e impulse el consumo en un ciclo de debilitamiento de la recuperación económica y turbulencias financieras iniciado a mediados del 2015, del que organizaciones como el FMI no están exentas de responsabilidad.
Probablemente la receta no sea, por sí misma, la panacea para algo que parece más que un mero ciclo, pero puede tener efectos positivos si se gestiona adecuadamente.
En el caso de España, hablar de inversión pública en infraestructuras puede sonar a música celestial a las Administraciones, pero conlleva riesgo, salvo si la inversión se destina al desarrollo de conexiones pendientes en áreas prioritarias de alto retorno en términos de contribución al PIB como el corredor Mediterráneo, relegado de modo recurrente para desplegar redes de elevado coste, alto mantenimiento y baja productividad, autopistas en rescate, o aeropuertos sin tráfico, de muy difícil amortización..
Desde nuestra perspectiva, la oportunidad que plantea el eventual cambio de política anunciado pasaría por aplicar políticas de apoyo a la competitividad de las empresas, capaces de incentivar la inversión, los procesos de innovación y el acceso al crédito de modo especial en el entorno de las pymes. El despliegue de este tipo de iniciativas debería favorecer el salto cualitativo de la empresa española y un mayor acceso a los mercados internacionales en los que actualmente cuenta todavía con una presencia muy limitada. Poco más de 147.000 empresas exportadoras (menos de 50.000 de éstas son exportadores regulares), cuya principal ventaja competitiva se ha basado con demasiada frecuencia en la devaluación salarial y no en la mejora de la productividad o el incremento de la innovación.
El acceso de más empresas al mercado exterior ha sido la clave del crecimiento económico español de los últimos años y representa en la actualidad más del 33% del PIB total.
Exactamente la misma política debe ser de aplicación a los viajes de negocio. Esta afirmación no es nada nuevo respecto de lo que venimos reclamando desde hace años; la corrección de las principales instituciones económicas únicamente viene a refrendar nuestra posición: la simple política del recorte y de ahorro no conduce más que al empobrecimiento. Por ello es clave modular -corregir- las prácticas de ahorro con políticas que favorezcan la productividad y la innovación.
Como en la economía, en los viajes de empresa, estas medidas conllevan inversión (que no gasto) y constituyen la base para una política de viajes inteligente, unos viajeros más productivos y unas empresas más eficientes.
Invertir para crecer.
(c) Marcel Forns. GEBTA 2016
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